DECLARACIÓN POR LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA ABORTAR MÁS SEGURAS

jueves, 30 de julio de 2009
¿Quién puede monopolizar el conocimiento?

Las mujeres hemos sido productoras de conocimientos desde los orígenes de la
humanidad. La tradición que hoy encarnan las mujeres científicas se remonta
a las primeras agricultoras, pasando por las brujas y las chamanas y culmina
en el alto porcentaje de estudiantes y profesionales de las llamadas
ciencias de la vida y ciencias de la salud. Antes y ahora las mujeres
generamos conocimiento.
Sin embargo, desde la consolidación de la ciencia moderna el acceso a los
saberes ha quedado en manos de pocos. Desde que la ciencia se emplazó
plenamente dentro del aparato productivo del sistema capitalista y tomó el
relevo de las religiones como sostén ideológico del orden patriarcal, el
conocimiento científico quedó en manos de los varones de los grupos
dominantes. Su difusión y utilización se somete a los intereses de estos
grupos y no se orienta según las necesidades reales y los legítimos deseos
de todas y todos. Se ha convertido al conocimiento en mercancía, regulándolo
con tarifas y patentes. Se utiliza el conocimiento como instrumento de
dominación y control. Nosotras consideramos a los conocimientos científicos
y tecnológicos como bienes comunes de toda la humanidad, que deben ser
accesibles a tod@s, de circulación libre y construcción permanente y
colectiva. Todo obstáculo que impida esto debe ser removido.
En tal sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya en el
año 1948 reconoció como un derecho humano el acceso al conocimiento
científico: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten" (Art. 27.1). Fue
enunciado una vez más en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Art. 15b), de 1966, y en la Declaración Universal de
Bioética y Derechos Humanos, de 2005. Tantas repeticiones de un derecho dan
cuenta de su importancia capital en la vida contemporánea y a la vez de la
omisión sistemática de su puesta en práctica efectiva. Un olvido que no
puede ser inocente.
En este contexto, mantener a las mujeres alejadas del conocimiento sobre
modos de abortar en forma segura es discriminatorio y es condenarlas a morir
por falta de información. El uso de medicamentos para realizar abortos
seguros, principalmente con misoprostol y mifepristone, lleva más de veinte
años como práctica establecida y es recomendada por la Organización Mundial
de la Salud y otros organismos por su eficacia y bajo riesgo de muerte y
complicaciones cuando se realiza con el método correcto. En nuestro país el
misoprostol es legal, y es utilizado por profesionales de la salud para
realizar abortos seguros. A pesar de que el aborto con medicamentos en sus
diferentes variantes es ampliamente recomendado por médic@s en todo el
mundo, y de que millones de mujeres han usado este método
satisfactoriamente, muchas mujeres, en especial las más pobres y las más
jóvenes, no saben que este método existe. Las que saben, suelen obtener
información confusa e incompleta.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declara: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección"
(Art. 19). Las mujeres tenemos derecho a conocer los riesgos, beneficios y
opciones frente a cada decisión que tomamos. Esconder, restringir, negar,
obstruir el acceso a información de carácter público es un delito de graves
connotaciones éticas en sociedades que pretenden ser democráticas. Cuando
esa restricción, además, se vuelve una condena de muerte o provoca daños
irreversibles en miles de mujeres cada año, se trata de un crimen que
llamamos femicidio.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU elaboró recientemente una
declaración en la que reconoce que "La mayoría de los casos de mortalidad y
morbilidad materna son prevenibles, y que la mortalidad y morbilidad
maternas prevenibles suponen un problema de salud, desarrollo y derechos
humanos que también exige la promoción y protección efectiva de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas" y reconoce como derechos humanos
asociados a reducir la mortalidad materna: "derecho a la vida, a ser iguales
en dignidad, a la educación, a ser libres para buscar, recibir y difundir
información, a gozar de los beneficios del progreso científico, a estar a
salvo de la discriminación y a disfrutar del nivel más alto posible de salud
física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva".
El Consejo de la CEDAW en su Recomendación General 24 sobre La Mujer y la
Salud, de 1999, establece que "En la medida de lo posible, debería
enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas
punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos." (Párrafo 31,
inciso c)
Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 60% de las embarazadas
argentinas no planificó su embarazo. En el país se realizan alrededor de
500.000 abortos por año, todos clandestinos salvo los pocos casos en que se
lo considera aborto no punible (y ni siquiera en estos casos las mujeres
tienen garantías de recibir el tratamiento que la ley prevé). Ingresan a los
hospitales públicos 68.000 mujeres por complicaciones post aborto. De ellas,
mueren cada año alrededor de 200. Desde hace años, la principal causa de
muerte de embarazadas en el país deriva de las prácticas abortivas
inseguras. Entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, la búsqueda de
atención médica ante las señales de alarma percibidas estuvo demorada. Según
el Ministerio de Salud de la Nación, esta demora puede explicarse por el
estigma asociado al aborto clandestino. En otras palabras, estas muertes son
evitables poniendo información sobre aborto seguro en manos de las mujeres.
Un Estado, entendido como un conjunto de instituciones médicas, jurídicas,
sociales y académicas, que obstruye la posibilidad de las mujeres de ejercer
plenamente sus derechos se vuelve el principal violador del derecho de las
mujeres a vivir un mundo libre de violencias. En este marco de desigualdad
absoluta en el que el Estado nos pone, las mujeres auto-organizadas
demandamos nuestros derechos pero también buscamos estrategias de
sobrevivencia y empoderamiento. Las mujeres tenemos capacidad y derecho a
decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra salud basándonos en información
actualizada y completa, utilizándola en concordancia con nuestras creencias,
valores e ideas personales. Nadie puede imponernos ni su moral ni su
religión.
Por eso ejercemos nuestro derecho al conocimiento sobre cómo abortar en
forma más segura sin distinción de clase, raza, sexo, orientación sexual,
etnia, edad, capacidades físicas o mentales o nacionalidad. Exigimos que se
respete nuestra autonomía y dignidad como personas.
Y exigimos al estado:
La libre circulación de información sobre misoprostol
El cumplimiento de las recomendaciones de la Guía para el Mejoramiento de la
Atención Post-Aborto, Resolución 989/2005 del Ministerio de Salud de la
Nación, en todo el país
El cumplimiento del deber de confidencialidad del personal hospitalario en
la atención pos aborto
La producción pública de misoprostol
Y de manera irrenunciable, la despenalización y legalización del aborto.
Envíe su adhesión al e-mail:
masinformacion.menosriesgos@yahoo.com.ar

LESBIANAS Y FEMINISTAS POR LA
DESCRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO

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