Agradezco la invitación a CDD, a Mujeres del Sur.
Agradezco intensamente a mis compañeras de la colectiva feminista de mujeres las juanas y las otras, a las compañeras que, pertenecientes a la Campaña o no, se mantuvieron activas y atentas en el difícil proceso que atravesamos cuando, entre agosto y septiembre de 2008, tomamos conocimiento de que dos niñas, que llamaremos Marina y Lola, se hallaban embarazadas como producto de abusos y violaciones llevadas a cabo, en un caso por el padre biológico de la nena, y en el otro por su padrastro. La suerte de las dos niñas fue muy diferente. Quisiera entonces relatar ambas experiencias e intentar una reflexión política sobre lo acontecido.
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Posiciones
Intento hablar desde un lugar que no sólo tiene que ver con una ya larga trayectoria como militante feminista, sino que me gustaría tomar la palabra desde los elementos de reflexión que pueda aportar desde mi formación disciplinar en filosofía, y mi ubicación en el campo del feminismo latinoamericano, procurando reflexionar acerca de nuestra experiencia y su singularidad. Nosotras, latinoamericanas, feministas, pertenecientes a un movimiento internacional, e internacionalista, pero marcadas por las especificidades de la historia de nuestro subcontinente, tan diferente de la de Europa, tan distinta de la norteamericana.
Nuestra historia singular se construye en una suerte de diálogo con lo sucedido en otras latitudes, en otros tiempos. Mientras nosotras nos batimos por lograr el derecho al aborto las europeas (las italianas y las norteamericanas, por ejemplo) se baten por conservarlo. Paradojas y fragilidades de los derechos de los y las subalternos en tiempos en que el capitalismo revela la tendencia a devaluar los bienes democráticos, a vaciar los derechos existentes irrespetándolos, a restringir los derechos (incluso formales, en muchos casos) de trabajadores y trabajadoras.
Desde hace ya largos años muchas de nosotras combatimos públicamente por la legalización del aborto en Argentina. Hace 20 años, en el Tercer Encuentro Nacional de Mujeres, en Mendoza, en 1988, Dora Coledesky organizó el Primer taller de debate sobre aborto. Entre ese momento, en el que la voz de Dora resonaba casi solitaria como última trinchera de resistencia, y ahora mucho tiempo ha transcurrido.
En ese tiempo hemos intentado diversas vías. Inicialmente el camino elegido fue el del combate en las casamatas de la sociedad civil, tal como lo ha promovido incansablemente Dora y otras compañeras manteniendo los talleres sobre aborto en los Encuentros, resistiendo a pie firme la avalancha fundamentalista, e inclusive otras avalanchas, como sucedió en Córdoba en 2006. Hemos procurado también transformar el sentido común manifestándonos públicamente y testimoniando sobre nuestras propias experiencias, a la manera como alguna vez lo hicieran, mucho antes que nosotras, otras mujeres en Francia, cuando en 1971, firmaron el famoso y aún vigente manifiesto de las Salopes.
En 1997 Dora Coledesky organizó una campaña, inspirada en ese Manifiesto, que se publicó en Tres puntos. El artículo, titulado “Por primera vez veinte mujeres se atreven a decir yo aborté” recogía testimonios en primera persona. Entre quienes testimoniaron en aquella ocasión estuvieron, entre otras, Tununa Mercado, Graciela Dufau, Divina Gloria, Beatriz Sarlo. Laura Klein, Eva Giberti, Martha Rosenberg (Yo aborté, 1997: 90-105). Eso que ahora forma parte de nuestros afiches callejeros, de nuestras consignas y banderas, en aquel momento conmovió a la sociedad argentina.
En 2003 las calles de Rosario vieron avanzar una marea verde, el color que nos distingue, y en diciembre de 2004, tras la avalancha fundamentalista en el Encuentro de Mendoza, Gabriela Adelstein iniciaba en RIMA la Campaña Yo Aborté. Testimonios en primera persona una vez más daban cuenta de que la prohibición legal del aborto y su penalización no lo impiden. En todo caso lo hacen más inseguro, más doloroso, más difícil para las mujeres que lo transitan.
En los últimos años nos hemos posicionado de un modo más complejo ante el Estado procurando la instalación del tema del aborto como asunto de debate legislativo. Eso implica la elección de estrategias que abarcan otras acciones, además de la batalla callejera, el socorrismo rosa, o la búsqueda de construcción de una opinión pública favorable a la legalización del aborto.
Muchas de nuestras compañeras de Campaña han realizado durante este año acciones de cabildeo y presión ante funcionarias /os del Estado y legisladoras/es. Como todas sabemos quienes integramos la Campaña hemos consensuado y elaborado un proyecto propio de legalización del aborto que excede los límites de la no punibilidad. También hemos incursionado, con suerte desigual, en el terreno de los tribunales argentinos e incluso internacionales: hemos recurrido en procura de justicia ante situaciones que han tomado estado público, referidas a abortos no punibles que han sido solicitados y han recibido respuestas negativas, dilaciones o manipulaciones.
Para mí es preciso, entonces, realizar, junto al relato de lo sucedido y de algunas breves consideraciones sobre nuestras intervenciones técnicas, algunos señalamientos relativos a nuestras experiencias y prácticas, tanto en lo relativo a las tensiones con el Estado como en lo que se refiere al modo como juegan nuestras subjetividades y las de las sujetos afectadas.
Traer a colación las situaciones vividas, con suerte diversa, por dos niñas, de 12 y 13 años de edad en Mendoza durante el curso de 2008 me hizo pensar, por una parte, en la relación que nosotras como mujeres, ciudadanas y feministas mantenemos con el Estado, con sus funcionarios y poderes, con los marcos legales existentes, con la corporación médica y el poder judicial, y por la otra en los vínculos que construimos con otras mujeres, en este caso con estas dos niñas y sus familias a partir de la situación que se desencadenó desde que tomaran estado público las situaciones, tan semejantes y tan diferentes, que transitaron, entre agosto y septiembre de 2008 las niñas que vamos a llamar Marina y Lola.
Me gustaría intentar una evaluación que tuviera en cuenta la relación con el Estado Nacional y provincial y sus funcionarios y funcionarias en un contexto de retroceso de los derechos sexuales y reproductivos, y de avance de sectores confesionales, al menos en mi provincia.
Es forzosa la referencia al aspecto legal, pues en gran parte la buena fortuna corrida por nuestra intervención en la situación de Marina obedeció a la posibilidad de contar con una joven abogada comprometida con la temática, Patricia González.
También en nuestro favor jugó la posibilidad de apoyo por parte de un médico que intervino en la atención de Marina una vez desencadenado el proceso de aborto, y los múltiples recursos que se pusieron en juego desde la campaña, y desde compañeras con las que establecimos una red de solidaridad nacional. A esas solidaridades es preciso agregar la cuidadosa construcción de la noticia, y el apoyo de compañeras vinculadas a los medios de comunicación masiva
Sin embargo creo que, además de todos estos factores, es preciso considerar las determinaciones que las distintas disposiciones subjetivas imprimen sobre los procesos y sus consecuencias políticas.
Marina
El pedido de interrupción del embarazo se origina en una denuncia de la madre de Marina, realizada el día 23 de julio de 2008. La niña había sido violada por su padre biológico y su madre interponía un recurso en la justicia para solicitar la realización de un aborto no punible y la obtención de la prueba para inculpar al abusador.
A partir de ese momento la vida de Marina y la de quienes tomamos la determinación de acompañarla en el proceso quedó sujeta a las decisiones, presuntamente técnicas, de distintos /as profesionales: médicos/as, abogados/as, psicólogas/os, trabajadores/as sociales, y a una particular noción acerca del ejercicio de la función pública por parte de funcionarios y funcionarias de diverso rango tanto en la jurisdicción nacional como provincial.
También a la tensión entre la corporación médica y la de abogados, cada una celosa de su saber disciplinar, cada una de ellas formada por individuos seguros de su impunidad cuando se trata de decidir sobre la vida de mujeres o niñas de sectores populares.
El incumplimiento de los y las funcionarias
Desde la perspectiva de quienes acompañábamos a Marina, avaladas por una serie de estudios académicos y técnicos, el pedido de aborto encuadra en los abortos no punibles tal como los define el Código Penal en su artículo 86: un embarazo producto de una violación realizada a una niña de 13 años, y por ello incompatible con su salud física, psíquica y social
Sin embargo no parecen entenderlo de este modo los y las funcionarias del Estado.
Ante la solicitud de una de las integrantes de la Campaña la Ministra de Salud, Graciela Ocaña, respondió:
¿la niña tiene alguna discapacidad ó demencia como marca la Ley’????????
Gracias al accionar de otras compañeras se logró hacer contacto con médicos del Hospital Castex, en la provincia de Buenos Aires, que consideraron, en concordancia con el protocolo de aborto no punible y con los compromisos internacionales contraídos, que el aborto demandado por la niña y su progenitora se encuadraba en el marco de la ley.
Allí debería haber finalizado la historia. Sin embargo la concepción patrimonialista que de la función pública tienen los funcionarios del estado tuvo efectos: tras una consulta interministerial, el Ministro de la provincia de Mendoza, Sergio Saracco negó la posibilidad de que la niña viajara a Buenos Aires. Aseguró, sin embargo, que se garantizaría la interrupción del embarazo en las condiciones requeridas: un efector público que garantizara la salvaguarda de la muestra para la obtención de ADN .
Nada de esto sucedió: ante el pedido de interrupción del embarazo, el director del Hospital Lagomaggiore, donde funciona la maternidad más grande y compleja de Mendoza, reaccionó solicitando, una vez más, la intervención a la Justicia de Familia, que autorizó al hospital a revisar a una vez más a la niña.
La corporación médica
Sólo quisiera señalar brevemente las veces que la niña fue revisada, y los supuestos bajo los cuales se practicaron estas revisaciones: la primera vez en el Cuerpo Médico Forense.
El ayudante fiscal que receptó la denuncia solicitó un amplio examen en el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) para establecer: 1.- si la menor tiene desarrollo intelectual acorde a su edad; 2.- si tiene tendencia a fabular; 3.- si se observan indicadores de haber vivido episodios de contenido sexual y si hay trastornos de stress postraumático. Pide también un examen médico solicitando se le informe: si hay desfloración, lesiones, embarazo y/o enfermedades de transmisión sexual. Todos los pedidos de informes partían del presupuesto de descreer en la declaración de la niña.
El análisis del Cuerpo Médico Forense sobre embarazo dio positivo, y el 24/07 el agresor fue trasladado a la Comisaría Novena.
Una vez determinado el embarazo empezó la larga romería en procura de alguna manera viable de extraer material genético del feto para estudios de ADN, bajo el supuesto de que era preciso preservar de riesgo a la niña y al producto de la violación.
El sábado 16 de agosto se somete a la niña a una nueva revisación en el Hospital Lagomaggiore, bajo la responsabilidad del director, Dr. Moschetti: revisación ginecológica, evaluación psicológica y evaluación de la situación social de la niña y su familia. Una vez revisada en la guardia del hospital, la elaboración del dictamen fue realizado por la directora de la maternidad del hospital, Dra. Silvia Eztala. Vale la pena citar textualmente algunas de las afirmaciones de esta médica, Jefa del Dto. Materno Infantil del Hospital Lagomaggiore, pues su respuesta muestra la falta absoluta de respeto hacia la niña, su familia y su representante legal y hacia las regulaciones sobre aborto no punible establecidas a nivel nacional:
Por tratarse de una niña sana clínicamente, sin antecedente de enfermedad que se agrave frente a un embarazo, que fuere causal de aborto terapéutico y por ser una persona cognitivamente normal, considero que la práctica solicitada no se ajusta a lo expresado por la ley. Como comentario, deseo agregar, que por tratarse de una paciente que cursa una gestación de 2 trimestre (16 semanas) donde la interrupción del mismo consiste en la evacuación uterina, con mecanismo de parto, representando éste un largo período doloroso, acentuaría el trauma psíquico de la paciente, además del que ella porta y se agregaría el riesgo obstétrico –quirúrgico, que implica finalizar un embarazo de esta edad gestacional (anestesia general, legrado uterino instrumental).
Sugiero como conducta de menor riesgo, el contener a la paciente psicológicamente y con control prenatal en este servicio, llegando al término y en este caso el parto sería conducido con anestesia peridural, minimizando el trauma doloroso que implica el trabajo de parto. Evaluar dar el niño en adopción si la familia lo desea.
La interrupción del embarazo no garantizaría el futuro de la salud mental de la paciente, ya que el aborto puede ser una causal de futuros desequilibrios psíquicos.
Psicólog@s...
Los pedidos de informe psicólogico y las respuestas de los y las profesionales merecen un capítulo aparte: el primero, elevado por el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario del Juzgado de familia (CAI), realizado por la Dra. Quiroga y la Licenciada Gil, señala que “no reúne los criterios diagnósticos de estrés postraumático”.
Otras tres pericias (una psicóloga del Instituto de la Mujer, una psicóloga particular y la psicóloga convocada en el Lagomaggiore) coincidieron en cambio en que:
“En el momento de la entrevista x se mostró con un alto nivel de angustia, con llanto permanente y dificultades para expresar verbalmente lo que sucedía. Los síntomas predominantes: estado de ánimo depresivo, trastorno del sueño y de la alimentación, inhibición, retraimiento, disminución de la capacidad para pensar y para concentrarse, sentimiento de culpa y vergüenza, baja autoestima, sentimientos de desesperanza y tristeza. Se infiere que todos estos síntomas son producto de la exposición permanente y reiterada al acontecimiento traumático, de relación incestuosa y estado de embarazo” (Evaluación Lagomaggiore, 16/08).
Escuchar el deseo y la palabra de Marina
Marina siempre manifestó rechazo por su embarazo. Su pedido fue claro desde el inicio. La nena sostenía: “quiero que me saquen esto” señalando su vientre.
Su familia, formada por su madre y una tía materna sostuvo a la pequeña en su decisión y eligió como abogada a una integrante de la colectiva feminista las juanas y las otras, que fue quien se ocupó de las acciones judiciales. Otras integrantes colaboramos en el sostenimiento y acompañamiento de la niña, su madre y su tía, en la realización de actividades de contacto con las compañeras de la campaña a nivel nacional, en el manejo de la relación con los medios, en los contactos con distintos profesionales.
La madre y la tía de la niña trabajaron firmemente a nuestro lado. En todo momento estuvieron al tanto de las diferentes actividades que se realizaron, discutieron las estrategias, los tiempos, pusieron de sí los recursos a su alcance, y tomaron sus decisiones de manera autónoma y responsable.
Pocos días después de la traumática situación vivida en el Lagomaggiore, el 20 de agosto, la niña perdió espontáneamente el embarazo producto de la violación de su padre biológico.
Llegó con un aborto en curso a un hospital público de la provincia. Recibió una atención adecuada para su situación. Conocíamos a uno de los médicos, sensible al debate sobre el aborto, que tuvo para con Marina el cuidado que su delicada circunstancia requería.
Afortunadamente los hechos se desencadenaron de modo tal que se obtuvo la prueba para continuar las acciones penales contra el violador.
Tras lo sucedido la justicia de la provincia (Defensoría de menores) ha acosado a la familia de la nena en procura de averiguar lo sucedido con el embarazo, actuando con una diligencia que no tuvieron en defensa de los derechos de la niña realmente existente, e insiste en perseguir al médico que atendió a la menor bajo el supuesto de que éste realizó el aborto.
El agresor se encuentra detenido y el ADN, realizado con posterioridad a la interrupción del embarazo, arrojó datos consistentes con los dichos de Marina: el embarazo era producto de una violación incestuosa.
La familia de la niña es pobre y se halla en una situación complicada. Sin embargo no ha sido posible obtener subsidios ni apoyos para su mamá, que ahora, preso el violador, debe mantener a sus 4 hijos, Marina y otros tres niños (dos nenas y un varón).
Lola
Pocos días después que la naturaleza puso término al embarazo incestuoso de Marina, la prensa provincial publicó la noticia de que el 29 de agosto la madre de una niña de 12 años que había sido violada, pedía al juez actuante en el caso, Germán Ferrer, la realización de un aborto no punible. En este caso el embarazo provenía de una violación realizada, como se sabría más tarde, por el concubino de la madre de la nena, quien es además el padre de los otros dos hijos de la mujer.
Había transcurrido poco tiempo desde que Marina había solicitado interrupción del embarazo y una nube de sospechas se cernía y se cierne sobre nosotras, nuestra abogada, el médico que nos ha ayudado cada vez que nos hemos hallado en situaciones complicadas.
La respuesta del Juez no se hizo esperar: internó a la niña en el hospital Humberto Notti.
Durante la internación en el Notti grupos fundamentalistas se ocuparon de atemorizar a Lola con charlas, cartas, fotos y folletos con imágenes de fetos mutilados, con el fin de que desistiera de su decisión de interrumpir la gestación.
La niña sufrió varias crisis nerviosas como consecuencia de estos hostigamientos, que desencadenaron la decisión, tras dos semanas de encierro, de continuar el embarazo. El 12 de Septiembre la prensa anunciaba que la niña había “decidido” tener a su bebé.
Final ¿“rosa”?
La corporación de los/las abogados. El juez Germán Ferrer
El juez Ferrer había recibido en abril una denuncia por malos tratos contra el mismo hombre acusado luego de la violación de la niña. La denuncia había sido presentada por un tío de la nena, hermano de su madre. El juez no había hecho, entre abril y agosto, nada por proteger a la nena, ni a sus hermanitos, ni a su mamá.
El 29 de agosto la mamá solicitó autorización para la práctica del aborto no punible y el juez dictaminó el encierro de la nena en el Hospital.
La integrante del cuerpo de oficial de defensores, Mónica Runno, tomó el caso. Sin embargo puso en contacto a la mamá de Lola con la abogada de las Juanas, Patricia González.
Una vez asumida la representación, nuestra abogada procedió a solicitar la externación, denuncian la privación de la libertad de la niña en tanto permanecía institucionalizada sin razón alguna desde hacía dos semanas, lapso durante el cual los grupos fundamentalistas y parte de personal del hospital la habían acosado.
El día que concurrieron Patricia y la madre de Lola a compulsar el expediente, el juez interrogó a nuestra abogada cuestionándole que nuestra organización (una Organización conocida en el medio por su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres) se ocupara de la situación de Lola, y la amenazó diciéndole que iba a tener que explicar su accionar ante el tribunal de ética de la corporación. Sus expresiones fueron claramente amenazadoras, intimidatorias, deslegitimadoras.
En esa oportunidad el juez comunicó a D. (la mamá de Lola) que a partir de ese momento le imponía una prohibición de acercamiento a su hija, invocando como único fundamento que D. había concurrido con periodistas al hospital. Según Ferrer de ello se infería que los intereses de D. eran contradictorios con los de su hija. También resolvió otorgar la guarda provisoria a la abuela materna, auto designándose como tutor ad litem de Lola.
El 19 de septiembre el magistrado anunció su resolución de no autorizar el aborto. A su entender, que la nena tenga la criatura –gestada en un abuso sexual cometido por el concubino de su madre y padre de sus dos hermanitos pequeños – es un “mal menor” frente al trauma que le podría provocar la intervención médica.
Ordenó al Ejecutivo provincial que se garantice a la niña el derecho a la educación para que termine el ciclo lectivo, pidió al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que en un plazo no mayor a 60 días consiga una vivienda digna para Lola y su familia y ordenó tratamiento psiquiátrico y psicológico a cargo de la Dirección de Salud Mental, antes y después del parto. Asimismo exigió un subsidio que garantice el derecho a la alimentación para la nena y su bebé.
Como un monarca, Ferrer decidió sobre el destino de Lola del mismo modo que lo hubiera hecho Eztala si hubiera tenido oportunidad.
Las pericias psiquiátricas
Las pericias realizadas a Lola repiten el patrón de lo sucedido con Marina: los y las psicólog@s que pertenecen a aquellas instituciones estatales vinculadas a los juzgados de familia, u orientados a la resolución de situaciones de “alto riesgo”, como el Grupo de Alto Riesgo (GAR), con sede en el Notti, y el CAI sentaron la posición de evitar el aborto.
Otras profesionales, una vez más la psicóloga del Instituto de la Mujer, y una psicóloga de un Juzgado de familia plantearon que el riesgo psíquico existe tanto si la niña continuaba con la gestación como si la interrumpía, pues no sólo había sido violada, sino además expuesta a imágenes de fetos destrozados, que le fueron proporcionados durante el período de reclusión tanto por médicos del Hospital como por grupos fundamentalistas.
El Comité de Bioética, estrategia dilatoria
En Mendoza los comités de bioética existentes en los hospitales son un espacio de las y los militantes fundamentalistas, donde los sacerdotes de la iglesia católica ponen en juego su lugar de señores de la vida y de la muerte decidiendo por otros y otras, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos.
Para decidir sobre el pedido de aborto no punible, Ferrer dio intervención al Comité de Bioética del Hospital Pediátrico Humberto Notti y también a una comisión ad hoc formada por expertos independientes de distintos ámbitos
El Comité de Bioética del Notti está integrado por seis personas, entre ellas el sacerdote católico Ricardo Poblete, que dio su veredicto en contra de autorizar el aborto, argumentando que el mal menor para la niña sería llegar a término con el embarazo. También su presidenta, Marta Fracapani, ha sostenido de manera sistemática posiciones en la misma dirección. No es de extrañar que en esta, como en otras oportunidades, se alineara detrás del cura. Formaron también parte de ese Comité la médica Mariana Arreghini y la psiquiatra juvenil Sonia González Herrera.
Entre los expertos independientes (el camarista penal Horacio Báez, la filósofa Adriana Arpini, la socióloga Graciela Cousinet, el trabajador social del Juzgado de Familia Carlos Marchesky y el obstetra y director del Hospital Paroissien (Maipú), Norberto Dotti) algunos señalaron que su tarea "devenía en abstracto", es decir, no tenía razón de ser, ya que la solicitud por la que habían sido reunidos, el pedido de aborto causado por una violación a una niña de 12 años, se había revertido.
Nosotras y la familia de la Lola
Nosotras tomamos contacto con la situación de Lola a través de la abogada Mónica Runno, codefensora oficial, quien llevó a la mamá de la niña a la reunión que había acordado con la abogada Patricia González y otras integrantes de la Colectiva Las Juanas y las Otras.
En esa reunión las integrantes de Las Juanas y las Otras se acercaron a la mamá de la niña y le expresaron su apoyo y acompañamiento. En respuesta a la solicitud de la madre de que su hija saliera del Hospital, le ofrecieron asesoramiento jurídico, en tanto es de la única forma en que podrían presentar los pedidos de la madre en la causa, explicándole debidamente que para ello era necesario que renunciara a la representación oficial, lo que la madre de la niña requirió inmediatamente, en tanto entendía que las codefensoras intervinientes tenían muchos casos y no podían dedicarse con el tiempo adecuado al de su hija.
Si bien D. parecía comprender con claridad la situación de su hija, la mujer se hallaba en una situación de extrema vulnerabilidad, que probablemente haya incidido sobre el curso posterior de los acontecimientos.
La familia de Lola, a diferencia de la de Marina, estaba integrada por D. y el abusador, padre de los otros dos hermanitos de la nena. Una figura relevante: la abuela materna, designada como tutora por el juez, es una mujer de fuertes convicciones religiosas, que hace 12 años había forzado a D. a parir a Lola, producto también de una violación.
La extrema pobreza y la dependencia económica de D. respecto del abusador de su hija y la falta de recursos propios y apoyo por parte de su familia hicieron el resto. D. no pudo asumir la responsabilidad y el riesgo de enfrentar al juez y a su madre para evitar que en su hija volviera a cumplirse el mismo destino y la dejó librada a esas poderosas voluntades.
Para cerrar el círculo el juez Ferrer cerró la transacción: cuerpo de niña a cambio de comida, y dispuso que se arbitraran los recursos necesarios para garantizar al grupo familiar donde se va a insertar esta niña y su bebé, todo lo atinente a vivienda, subsidios, educación, alimentos.
Breves notas personales
Los funcionarios han hecho de la función pública el espacio para ejercer poder sobre sus conciudadanos y conciudadanas tratándolos como si fueran feligreses. En lugar de respetar los derechos ciudadanos de la niña, los funcionarios de este gobierno, además de los jueces, médicos y psicólogos intervinientes privaron a Lola de su libertad; en lugar de cumplir con la ley la han sometido a exposición pública colocándola como el rehén de las decisiones que otras y otros habían tomado ya, aunque se pretendiera otra cosa, sobre su cuerpecito de nena.
Un magistrado monárquico, médicos y médicas dueñas de la vida y los cuerpos de las personas, fundamentalistas dueños y dueñas de la verdad poniendo ante los ojos de la nena imágenes de cuerpos destrozados.
La suerte estaba echada para Lola.
Sin embargo siempre es bueno cerrar el cuento con la libre elección de la maternidad y el consentimiento, e incluso el goce en el abuso.
Para que la historia cierre con moraleja es necesario además que el héroe sea acosado: el juez Ferrer se colocó a sí mismo como la víctima de dos demonios: las feministas “abortistas”, haciendo referencia a la breve intervención de nuestra abogada, quien sólo reclamó por la libertad de la nena, y los grupos “provida”, que, según sus propias palabras, le enviaron más de 300 mensajes por día donde le decían que “no cometiera un asesinato”, además de otros desmanes que son de público conocimiento
Para contribuir a su gloria, el 15 de octubre pasado, casi un mes después de que el juez rechazara el pedido de aborto realizado por D, ingresó al Senado de la Nación un proyecto de la senadora nacional mendocina Mónica Troadello, que pretende que todo el cuerpo manifieste su “beneplácito” por la actitud judicial.
Ferrer sin embargo no es el héroe que presume. El mismo podría haber evitado esta desdichada situación de haber cumplido simplemente con su deber de funcionario público, aún cuando no fuera en sintonía con ninguna figura angelical ni heroica, y hubiera dado protección a la pequeña cuando su tío materno la solicitara, en abril, antes de que se produjeran la violación y el embarazo.
Hasta ahora hemos llevado demandas a los tribunales por incumplimiento de la ley con una suerte que yo llamaría modesta, a pesar del esfuerzo y desgaste que estas batallas judiciales significan para nosotras.
El estado continúa persiguiendo a quienes colaboran con nosotras en la difícil resolución de situaciones en las cuales las mujeres no sólo demandan abortar bajo la protección de las leyes existentes (de todas maneras incumplidas), sino porque muchas simplemente se niegan a llevar a término un embarazo forzado.
El aborto continúa siendo ilegal y las mujeres siguen abortando, y sufriendo por ello consecuencias muy distintas según su clase social. En el Siglo XXI siguen muriendo mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, pero siempre pobres, por aborto clandestino. De ello debiera inferirse, como lo señalaba Simone de Beauvoir tras es el proceso de Bobigny que si la experiencia prueba que la legislación existente no tiene ninguna influencia sobre la práctica, es la legislación lo que es preciso cambiar.
No es eso, sin embargo, lo que legisladores, funcionarios, médicos y jueces infieren. Los jueces de la nación argentina frecuentemente obligan a las niñas (no sólo a las mujeres) a parir, tal vez porque la idea de que las mujeres somos seres humanos autónomos con derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos sigue produciendo miedo. L@s médicos se adueñan de sus cuerpos y dictaminan, como lo hicieron con Ana María Acevedo, como pretendió hacerlo Eztala.
Sólo la autonomía de Marina, de su mamá y de su tía, y la existencia de un espacio de resistencia y lucha por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo pudieron torcer esa voluntad de dominio mortífero.
Contamos con el ejemplo de nuestras ancestras, ejemplo de lucha y desobediencia, como lo hizo Marie Claire, como lo hicieron su madre Michèle Chevalier y sus amigas, proletarias francesas, en Bobigny. Simone de Beauvoir confiaba en que las mujeres lucharíamos y ganaríamos. Ellas lo lograron. Nosotras lo lograremos.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito 
